Propender a la defensa del seguro nacional, con plena vigencia de las disposiciones de la Ley 12988.

Propiciar la definición de política aseguradora por parte del Gobierno Nacional que ponga el acento en los siguientes principios:

• Promover y jerarquizar el seguro argentino, en el convencimiento de que constituye uno de los principales fundamentos de una economía moderna, tanto por su contribución a la protección personas y bienes, como por su enorme capacidad de acumulación de ahorro interno.
• Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de los aseguradores argentinos a partir del concepto de que la calidad de un sistema asegurador en su conjunto no radica en su concentración en unas pocas empresas grandes, sino en la coexistencia de aseguradores grandes, medianos y pequeños que operen en condiciones económicas, financieras, técnicas y comerciales adecuadas para responder a las exigencias de una economía moderna y garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas.
• Proteger a los asegurados y a todos los legítimos acreedores del sistema asegurador, implementando mecanismos de control que actúen rápidamente ante situaciones que pudieran poner en riesgo la capacidad de respuesta económica y financiera futura de las empresas.
• Consagrar la efectiva libertad de elección del asegurador por parte del asegurado, sancionando toda forma de creación o mantenimiento de mercados cautivos.
• Integrar a los aseguradores en la discusión de las políticas de seguridad relacionadas con los delitos contra la propiedad, los accidentes laborales y los accidentes de tránsito.

Defender la vigencia de las Leyes 17418 y 20091 como estructura básica del sector, adecuando estos marcos normativos a las nuevas realidades sociales. Como muestra de esta necesidad de adecuación legislativa debemos destacar las estipulaciones relacionadas con la responsabilidad civil, la legislación sobre los consumidores, el nuevo Código Civil y Comercial.

Reestablecer el funcionamiento pleno, en el ámbito de la Superintendencia de Seguros, del Consejo Consultivo previsto en esas leyes, con las adecuaciones a la realidad del mercado actual, permitiendo un diálogo permanente y sistemático entre los aseguradores y el órgano de control.

Garantizar que la Superintendencia de Seguros cumpla con el máximo de eficacia, rapidez e independencia operativa las tareas de control que le son propias. Para ello debe contar con autarquía financiera, para lo cual, deben respetarse los aportes que a ese fin realizan los asegurados.

Los mecanismos de control deben contemplar los siguientes puntos:

• Aplicación estricta del sistema de Margen de Solvencia, tal como está establecido.
• Rediseño de los indicadores de solvencia y liquidez.
• En materia de inversiones, debe otorgarse una amplia flexibilidad en los instrumentos financieros elegibles, compatible con una adecuada capacidad de respuesta financiera frente a los riesgos asumidos.
• Establecimiento de un sistema de control y seguimiento de situaciones críticas que permita la actuación temprana de la SSN. Un modelo de supervisión que atienda a los riesgos inherentes a nuestra actividad
• Reformulación de los requerimientos de información compatibilizando:
  • Las necesidades de control por parte de la SSN.
  • La generación de información estadística de utilidad para todas las partes interesadas (principalmente sobre siniestros y fraudes).
  • La necesidad de evitar cargas administrativas excesivas que pudieran redundar en los costos de la actividad.

Lograr una clara diferenciación del sector asegurador respecto del sector bancario.

Crear un marco normativo adecuado atendiendo a la diferenciación de los intermediarios (asesores de seguros) con los “canales de distribución masiva”.

Impulsar la reformulación de la política impositiva para el sector, volviendo a la gravabilidad a través de un Impuesto Interno a las Primas de Seguros en reemplazo del actual IVA. O en su defecto permitiendo que se reconozca un crédito de impuesto sobre las indemnizaciones abonadas. En el caso de los seguros de vidase hace indispensable un incentivo fiscal acorde con los mercados mundiales, que permita el desarrollo del ahorro interno.

Tender a una mayor transparencia en las Condiciones Generales y Particulares de las pólizas, resguardando la flexibilidad y creatividad de las empresas para el ofrecimiento de planes de cobertura modernos que tengan en cuenta las verdaderas necesidades de los asegurados.

Rediseñar la estructura del Seguro de Automotores, adecuando los límites indemnizatorios por Responsabilidad Civil a las necesidades reales de cobertura y a las posibilidades de pago de los asegurados.

Reafirmar la actual estructura para la cobertura de los riesgos del trabajo.